FEDERALISMO Y CONSTITUCIONALISMO LOCAL

Un verdadero sistema federal va más allá de la facultad que poseen los estados para legislar en determinadas materias. Si bien es un aspecto de suma importancia, no creo que el análisis respecto al federalismo mexicano deba centrarse en él, como suele hacerse. Personalmente, como fiel defensor del sistema federal – siendo el decimocuarto país más grande del mundo, el decimoprimer más poblado y el segundo con mayor diversidad étnica no me imagino otra forma de organización – creo que los jueces son piezas fundamentales en el ejercicio de la autonomía de cada entidad. Precisamente, la figura del Juez local es a la que menos atención se le ha dado en esta temática. 

Pero para revalorizar el papel del Juez local como agente activo de federalismo debe revalorizarse el papel que juega la Constitución Política del Estado. La Constitución Estatal y su interpretación judicial son las bases para que Yucatán defina autónomamente su camino en el reconocimiento, protección y justiciabilidad de los derechos humanos, siempre que se marque una ruta más garantista que la delimitada en el orden federal. Quién mejor que los jueces y magistrados de nuestro Estado para adoptar esta tarea tan urgente. 

Como habrá sido de su conocimiento, desde el año 2011 el Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene la facultad de erigirse como Tribunal Constitucional en determinados casos. Asimismo, fue emitida la Ley de Justicia Constitucional para el Estado de Yucatán. Ambos fueron logros muy loables, pero también insuficientes. En primer lugar, por la endogamia judicial que produce el hecho de que el Tribunal Constitucional esté compuesto por los mismos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, observación que podría hacer extensiva para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mi opinión, debería crearse un Tribunal Constitucional independiente del Poder Judicial del Estado, constituido por ministros ajenos al Tribunal Superior de Justicia. En segundo lugar, la Ley de Justicia Constitucional no proporciona mecanismos verdaderamente democráticos: de los cuatro mecanismos previstos en la justicia constitucional local, sólo en uno (acción por omisión legislativa) los ciudadanos estamos facultados para ejercerlo de forma directa. Debemos considerar la posibilidad de que los derechos humanos puedan ser justiciables a nivel local por una vía accesible a la población y que sean los ministros de ese hipotético Tribunal Constitucional los que definan el alcance de los mismos, atendiendo a las necesidades político-socio-culturales de nuestro Estado. 

¿Propongo un activismo judicial en el Estado? Totalmente. Esa es una de las formas de ejercer un federalismo con enfoque de derechos.

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EL VIACRUCIS SILENCIADO

Si de lo que nos enteramos podemos sacar las peores conclusiones sobre el estado actual de nuestro país, imagínese Usted lo que pensaríamos si todo aquello de lo que no se habla tuviese la difusión debida. Lo que no ocupa las cámaras ni llega a ser trending topic en las redes sociales es condenado a permanecer en el silencio, por más alarmante o urgente que debiera ser para todos nosotros. Uno de esos casos es el de las personas migrantes de Centroamérica que llegan al Refugio para Personas Migrantes conocido como “La 72” en la ciudad de Tenosique, Tabasco, así como del grave peligro que actualmente corren las personas que ahí les brindan apoyo y protección. 

Quienes hemos tenido la fortuna de conocer Fray Tomás, director de “La 72”, nos hemos topado con un hombre que vive para trabajar tiempo completo en la construcción de un país mejor. La entrega en cuerpo y alma que éste franciscano realiza por la lucha y protección por los derechos de aquellas mujeres y hombres que abandonan sus países en búsqueda de mejores condiciones de vida se enfrenta día a día a las constantes amenazas que él y su equipo reciben con la intención de frenar su lucha. Por supuesto, este contexto se ve agravado por su desconocimiento generalizado por parte de la población. Cualquier persona interesada en conocer un poco de las actividades y/o denuncias que realizan, así como de los peligros que han padecido los que trabajan en ese albergue, puede consultar el blog de “La 72” (http://la72casademigrantes.wordpress.com/) para leer un poco sobre aquello que difícilmente será informado en medios masivos. 

Por cierto, este 19 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Fray Tomás, Rubén Figueroa y el personal del Refugio para Personas Migrantes “la 72”, así como para todos los migrantes que actualmente se encuentran alojados ahí. Las constantes amenazas y peligros que padecen todos ellos por parte de autoridades y la delincuencia organizada motivaron que esa instancia internacional solicite al Estado Mexicano implementar las acciones necesarias a fin de garantizar sus vidas e integridad, razón por la cual el gobierno deberá informar a la Comisión acerca de las medidas que en su caso adopte para alcanzar estos fines. 

Veremos cómo responden las autoridades a esta solicitud. Igual de importante será ver cómo respondemos nosotros como ciudadanos para democratizar esta información y posicionarla en la agenda pública. Depende mucho de nosotros el visibilizar a los invisibles: aquellos que defienden a las personas migrantes en nuestro país, quienes reciben un trato igual o peor al que tanto nos escandaliza enterarnos que padecen los mexicanos que buscan llegar a los Estados Unidos.

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LA DAMA Y EL HIERRO

¿Hasta dónde nuestro contexto justifica nuestros actos? Me queda claro que todos somos - en alguna medida - productos de la época, lugar(es) y circunstancias que nos formaron. Es difícil analizar la vida y obra de un ser humano sin primero contextualizarlo. Si bien esto es cierto, lo anterior no puede ser utilizado para justificar o minimizar conductas claramente reprobables. Esa es la razón por la que no coincido con la retahíla de elogios dirigidos a la difunta Margaret Thatcher, catalogándola incluso como un ejemplo para la humanidad. 

No sé usted, pero si llego algún día a tener una hija, velaré porque no tenga como modelo a seguir a un personaje como Margaret Thatcher. No es que pretenda imponerle uno, pero entre tantas mujeres que han aportado cosas positivas a este mundo, lo que menos querría es que ella aspirase a ser una “dama de hierro”. Interesante oxímoron, por cierto. Las más mujeres más admirables que conozco en este mundo – mi madre y mi abuela – lo son sin necesidad de tener una gota de “damas de hierro”. Firmes y valientes, pero de hierro nada. No debemos confundir fortaleza con frialdad o liderazgo con autoritarismo. El hierro es símbolo de muchas cosas, pero nunca de humanidad. Por algo el gran León Gieco cantaba: “Hombres de hierro que no escuchan la voz / hombres de hierro que no escuchan el grito / hombres de hierro que no escuchan el llanto”. 

En verdad que no encuentro motivos para que mi hipotética hija o cualquier otra mujer en el mundo tenga como ejemplo a Margaret Thatcher cuando se tiene a mujeres como Rosa Parks, Rigoberta Menchu, Hellen Keller o - ¿por qué no? – mi mamá y mi abuela. ¿Qué admiración pudiera provocar una mujer que llamó “terrorista” a Nelson Mandela y apoyó el régimen del Apartheid? ¿Quién pudiera considerar un modelo a seguir a una mujer que protegió al dictador Augusto Pinochet y lo elogio públicamente como el hombre que “trajo de regreso la democracia” a Chile? Y ni hablar de su gobierno: recortes en servicios sociales, represión a huelgas mineras, aumento de desempleo y desigualdad, reducción de la clase media, entre otros. 

Yo prefiero tener de referencia a una afrodescendiente que logró contribuir al reconocimiento de los derechos civiles en su país o a una indígena torturada que hizo visible ante la comunidad internacional el genocidio en Guatemala o a una mujer que logró ser la primera persona ciega y sorda en obtener un título universitario o – insisto – a mi mamá y mi abuela. La película sobre la vida de Thatcher pudo ser emotiva, pero la realidad tiene su propio peso. Y no, no busco un repudio colectivo hacia una difunta: simplemente no creo que deba celebrársele. No es el modelo ni de gobernante, ni de mujer que este mundo necesita para ser un poco más humano, que es lo que nos urge.

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EL AMPARO QUE NECESITAMOS

El juicio de amparo es el principal medio judicial de protección a los derechos humanos en nuestro país. A pesar de que en las Universidades se pregona con bombos y platillos que fue creado en México – y específicamente en Yucatán – nuestro país es actualmente uno de los más atrasado en esta materia. La nueva Ley de Amparo, si bien se traduce en algunos avances, es insuficiente aún para alcanzar una verdadera protección de los gobernados. Trataré de explicar brevemente porqué lo considero así. 

La reciente promulgación de la Ley de Amparo había sido esperada por años (literalmente) por abogados y académicos, principalmente. Digo abogados y académicos porque, probablemente, uno de los principales problemas que posee el juicio de amparo en nuestro país es que no constituye aún un recurso verdaderamente democrático. Los requisitos de tramitación del juicio de amparo ha hecho de éste un mecanismo elitista, de manera que – prácticamente – únicamente las personas que cuenten con un abogado (y que sea un buen abogado) pueden tener acceso efectivo al amparo. En Colombia, por ejemplo, las tutelas (nombre que recibe el amparo en ese país) pueden ser interpuestas por casi cualquier persona. Puede hacerse de forma verbal ante el juez y sin indicar los artículos específicos de la Constitución que han sido violados. Eso no sucede en nuestro país, a pesar de que muchos celebran que la nueva ley permite la tramitación del amparo por Internet, novedad que únicamente beneficiará a los abogados litigantes, pero no implica un avance en la democratización del amparo. 

Por otro lado, el amparo en México aún no ofrece la posibilidad de un control horizontal, como existe en países como Argentina o Alemania, en el cual el amparo procede no sólo contra leyes, sentencias y actos de autoridad, sino contra actos cometidos por particulares. Aún más, en México el amparo no posee efectos generales para toda la población, como en otros países. Si yo me amparo contra una ley y me conceden el amparo en virtud de que esa ley es inconstitucional, para Usted, que no interpuso el amparo, esa ley seguirá teniendo efectos. En pocas palabras, en México una ley puede ser constitucional e inconstitucional con la misma facilidad. Si bien la nueva ley establece los casos en los que pudiera declararse efectos generales a un amparo, no deja de ser una facultad potestativa no inmediata de la Suprema Corte de Justicia, además de que se excluye de esta posibilidad los asuntos fiscales. 

Celebro algunos avances considerables en la nueva Ley de Amparo, pero no son suficientes. México sigue aún con el esquema de amparo creado por Ignacio Vallarta durante la dictadura porfirista y que fue reproducido en gran medida en la dictadura priísta. Aún posee tintes más pro estado que pro persona. Anhelo que pronto contemos con un amparo que garantice su acceso democrático; el efecto erga omnes; el control horizontal; la protección a derechos económicos, sociales y culturales, entre tantas otros aspectos que en otros países no creerían que carecemos en la cuna del principal mecanismo de protección de derechos humanos al interior de un país.

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DÍA DEL DERECHO A LA VERDAD

Si uno viaja por las carreteras de cualquier país de América Latina, le será casi imposible no encontrarse con alguna cruz u otro símbolo que delimite el sitio donde alguien perdió la vida. Esa necesidad humana de los familiares por anunciar “aquí pasó algo”, muchas veces esencial para concluir el duelo, se acentúa aún más cuando el quiebre en la narrativa personal no ha sido producido por un azaroso accidente sino por otro ser humano. Las graves violaciones a derechos humanos, sobre todo las cometidas por agentes estatales, vienen acompañadas de los intentos de los victimarios por decretar el olvido: desaparición de los cuerpos, destrucción de archivos oficiales, censura a cualquier tipo de manifestación académica o artística que aborde los sucedido, evasión de la discusión pública, entre otros tantos etcéteras. Lo que no es recordado no ha sucedido nunca y, por lo tanto, puede volver a flagelar a una sociedad.

 

Es por eso que en el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Esta fecha, injustamente poco difundida, tiene como uno de sus objetivos promover el ejercicio del derecho a la verdad desde su perspectiva colectiva: es decir, que la sociedad en su conjunto sepa de las graves violaciones a derechos humanos que han marcado su historia. Como advertiría Louis Joinet, “[e]l conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio”, por lo que es necesario “prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas”. Así, el derecho a la verdad es el derecho a recibir y conocer la información acerca de lo sucedido: nombres de las víctimas, nombres de los victimarios, los móviles de éstos, las circunstancias, causas, el contexto y demás detalles que nos puedan ayudar a cerrar aquellas heridas sociales que aún producen secuelas en nuestro presente.

 

En ese ánimo, convoco al lector a ejercer este 24 de marzo nuestro legítimo derecho a la verdad. Cuénteles a sus hijos sobre Tlatelolco o el Halconazo; o lea algo sobre lo sucedido en Acteal, Aguas Blancas o Atenco. Platique con sus familiares acerca de la Guerra Sucia sufrida en nuestro país en los años sesenta y setenta. Será domingo, así que el tiempo no debe ser excusa para no darse el lujo de buscar algún documental o película por internet o de leer algún artículo, libro o cualquier otro texto impreso o electrónico. Hágalo. De preferencia acompañado, pero hágalo; que recordar siempre es hacernos preguntas sobre nuestra actualidad. Somos seres de memoria que desde el presente planifican su porvenir a través de la reconstrucción de su pasado.

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CASO ATENCO VS. MÉXICO

Este jueves se llevó a cabo en Washington D.C. la audiencia testimonial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de doce mujeres víctimas de violaciones a derechos humanos durante los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. Bárbara Italia Méndez, una de las víctimas, describió su desgarradora experiencia en la que fue ultrajada y violada por elementos policías. A detalle, describió el sufrimiento vivido: desde los hechos de violencia, hasta la actitud de quienes le brindaron una fallida atención médica y, por supuesto, la posterior denegación de justicia. Los representantes de México, por su parte, no sólo no contradijeron el testimonio de Bárbara Italia, sino que reconocieron que existieron violaciones a derechos humanos y aseguraron “solidarizarse con su dolor”. Hace aproximadamente un año, Peña Nieto aseguraba en la Universidad Iberoamericana que no hubo violaciones a derechos humanos. Hoy, su gobierno, ante la posibilidad de que la Comisión Interamericana envíe el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirma que sí las hubo, ofreciendo la posibilidad de una solución amistosa.

Sin embargo, Bárbara Italia, en nombre de las otras once víctimas, anunció que no estaban interesadas en una solución amistosa, debido a que éste ha sido el mecanismo con el que el gobierno mexicano, desde el sexenio pasado, garantiza que ningún caso llegue a la Corte Interamericana. Para que exista una solución amistosa en un caso ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos debe haber voluntad de las partes, cosa que hoy hay en esta ocasión.

En este sentido, Peña Nieto podría convertirse en el primer presidente que afronte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso ocurrido durante un gobierno suyo y en el cual se le acusa de tener responsabilidad. No es cosa menor. Como pudo verse en la audiencia, los representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México casi no hicieron referencia a los hechos del caso y, cuando lo hicieron, fue para recalcar que las violaciones cometidas por policías fueron a título propio y no por “instrucciones superiores”. Así, a pesar de ofrecer apoyo médico y psicológico, el seguimiento de los procesos penales contra posibles responsables e, incluso, el reconocimiento de responsabilidad estatal y una disculpa pública, las víctimas le dijeron “no” a la solución amistosa ofrecida por el gobierno. Si la Comisión Interamericana emite informe de fondo y las recomendaciones en el mismo no son cumplidas, el Caso Atenco sería expuesto internacionalmente – más de lo que ya está – al ser llevado a un tribunal internacional de derechos humanos.

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ELBA ESTHER: DEL RUÍDO A LAS NUECES

El 30 de junio de 2006 parecía ser un día destinado a trascender en la historia: un juez federal dictó orden de aprensión contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez por las graves violaciones a derechos humanos durante la Matanza del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971. Sin embargo, fue absuelto el 8 de julio del 2006 debido a que se determinó que el delito había prescrito. Nuevamente, el 30 de noviembre del 2006, se decretó auto de formal prisión en su contra, esta vez por su responsabilidad en la Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, ordenando su arraigo domiciliario. Sin embargo, el 26 de marzo de 2009 se decretó su la libertad absoluta, luego de no encontrar elementos para juzgarlo por el delito de genocidio por la Matanza de Tlatelolco (la entonces FEMOSPP cometió el error jurídico de procesarlo por genocidio y no por otros delitos). Ambos procesos contra Echeverría fueron mucha bulla para nada. 

Menciono esta anécdota de un pasado bastante reciente para alertar acerca del proceso iniciado este martes contra Elba Esther Gordillo. Nuestro país ha tenido una larga trayectoria de impunidad. Bastará mencionar que no se ha sentenciado a un solo responsable de las torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas y otros crímenes de Estado cometidos durante la Guerra Sucia de los 60’s y 70’s. Prueba de ello es que Luis Echeverría está en libertad a pesar de todo. Creo justificado poner en duda si verdaderamente este proceso garantizará la justicia o será una réplica de otros tantos en el pasado. Aclaro que reconozco la justa distancia entre los actos inhumanos cometidos por Luis Echeverría y la corrupción faraónica de Elba Esther, pero ambos están subsumidos en un contexto de impunidad. ¿Cómo creer que Elba Esther será sentenciada por desvíos de recursos si ni siquiera hemos podido sentenciar a los responsables de crímenes más graves? Recordemos que entre 2009 y 2012 “La Maestra” declaró ingresos de un millón de pesos y nadie dijo nada.

Otro detalle, para terminar de “aguar la fiesta” ante la noticia: con tener a Elba Esther en prisión no vamos a resolver el problema educativo en México. Se habrá vencido un obstáculo, sí, pero la problemática es más profunda. Mientras no se adopten verdaderas políticas públicas con enfoque de derechos que logren satisfacer al universo de titulares, la educación en México seguirá en el estado deplorable en el que se encuentra. De tener este tipo de políticas públicas, desde hace años hubiéramos podido, por ejemplo, elevar los niveles de alfabetización, garantizar una educación plurinacional o posicionar el sistema educativo mexicano entre los mejores de América Latina, cuando menos. Y eso hubiese podido pasar, hasta cierto punto, con o sin Elba Esther en el camino.

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