martes, 19 de marzo de 2013

DÍA DEL DERECHO A LA VERDAD

Si uno viaja por las carreteras de cualquier país de América Latina, le será casi imposible no encontrarse con alguna cruz u otro símbolo que delimite el sitio donde alguien perdió la vida. Esa necesidad humana de los familiares por anunciar “aquí pasó algo”, muchas veces esencial para concluir el duelo, se acentúa aún más cuando el quiebre en la narrativa personal no ha sido producido por un azaroso accidente sino por otro ser humano. Las graves violaciones a derechos humanos, sobre todo las cometidas por agentes estatales, vienen acompañadas de los intentos de los victimarios por decretar el olvido: desaparición de los cuerpos, destrucción de archivos oficiales, censura a cualquier tipo de manifestación académica o artística que aborde los sucedido, evasión de la discusión pública, entre otros tantos etcéteras. Lo que no es recordado no ha sucedido nunca y, por lo tanto, puede volver a flagelar a una sociedad.
 
Es por eso que en el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Esta fecha, injustamente poco difundida, tiene como uno de sus objetivos promover el ejercicio del derecho a la verdad desde su perspectiva colectiva: es decir, que la sociedad en su conjunto sepa de las graves violaciones a derechos humanos que han marcado su historia. Como advertiría Louis Joinet, “[e]l conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio”, por lo que es necesario “prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas”. Así, el derecho a la verdad es el derecho a recibir y conocer la información acerca de lo sucedido: nombres de las víctimas, nombres de los victimarios, los móviles de éstos, las circunstancias, causas, el contexto y demás detalles que nos puedan ayudar a cerrar aquellas heridas sociales que aún producen secuelas en nuestro presente.
 
En ese ánimo, convoco al lector a ejercer este 24 de marzo nuestro legítimo derecho a la verdad. Cuénteles a sus hijos sobre Tlatelolco o el Halconazo; o lea algo sobre lo sucedido en Acteal, Aguas Blancas o Atenco. Platique con sus familiares acerca de la Guerra Sucia sufrida en nuestro país en los años sesenta y setenta. Será domingo, así que el tiempo no debe ser excusa para no darse el lujo de buscar algún documental o película por internet o de leer algún artículo, libro o cualquier otro texto impreso o electrónico. Hágalo. De preferencia acompañado, pero hágalo; que recordar siempre es hacernos preguntas sobre nuestra actualidad. Somos seres de memoria que desde el presente planifican su porvenir a través de la reconstrucción de su pasado.

jueves, 14 de marzo de 2013

CASO ATENCO VS. MÉXICO

Este jueves se llevó a cabo en Washington D.C. la audiencia testimonial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de doce mujeres víctimas de violaciones a derechos humanos durante los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. Bárbara Italia Méndez, una de las víctimas, describió su desgarradora experiencia en la que fue ultrajada y violada por elementos policías. A detalle, describió el sufrimiento vivido: desde los hechos de violencia, hasta la actitud de quienes le brindaron una fallida atención médica y, por supuesto, la posterior denegación de justicia. Los representantes de México, por su parte, no sólo no contradijeron el testimonio de Bárbara Italia, sino que reconocieron que existieron violaciones a derechos humanos y aseguraron “solidarizarse con su dolor”. Hace aproximadamente un año, Peña Nieto aseguraba en la Universidad Iberoamericana que no hubo violaciones a derechos humanos. Hoy, su gobierno, ante la posibilidad de que la Comisión Interamericana envíe el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirma que sí las hubo, ofreciendo la posibilidad de una solución amistosa.

Sin embargo, Bárbara Italia, en nombre de las otras once víctimas, anunció que no estaban interesadas en una solución amistosa, debido a que éste ha sido el mecanismo con el que el gobierno mexicano, desde el sexenio pasado, garantiza que ningún caso llegue a la Corte Interamericana. Para que exista una solución amistosa en un caso ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos debe haber voluntad de las partes, cosa que hoy hay en esta ocasión.

En este sentido, Peña Nieto podría convertirse en el primer presidente que afronte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso ocurrido durante un gobierno suyo y en el cual se le acusa de tener responsabilidad. No es cosa menor. Como pudo verse en la audiencia, los representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México casi no hicieron referencia a los hechos del caso y, cuando lo hicieron, fue para recalcar que las violaciones cometidas por policías fueron a título propio y no por “instrucciones superiores”. Así, a pesar de ofrecer apoyo médico y psicológico, el seguimiento de los procesos penales contra posibles responsables e, incluso, el reconocimiento de responsabilidad estatal y una disculpa pública, las víctimas le dijeron “no” a la solución amistosa ofrecida por el gobierno. Si la Comisión Interamericana emite informe de fondo y las recomendaciones en el mismo no son cumplidas, el Caso Atenco sería expuesto internacionalmente – más de lo que ya está – al ser llevado a un tribunal internacional de derechos humanos.