EBULÁ: UN CRIMEN SILENCIADO

Siempre he dicho que hay noticias que no deberían serlo. Al menos no tanto. Si hiciéramos un análisis meticuloso de los temas que consumen la agenda pública y los confrontáramos con muchos temas alarmantes y urgentes que no ocupan la atención mediática, nos sorprenderíamos de la poca prioridad que le hemos dado a las verdaderas prioridades. Un claro ejemplo es lo sucedido hace ya casi cuatro años al pueblo de San Antonio Ebulá en Campeche. Si no conoce el caso, se sorprenderá al saber que algo de semejante envergadura ha sido totalmente silenciado. 

San Antonio Ebulá es un pueblo que fue fundado en 1968 a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de Campeche. Durante décadas, la población ha tratado de regularizar las tierras en las cuales habita, subsiste y sostiene las actividades religiosas y comunitarias que sostienen su identidad comunitaria. Sin embargo, durante el largo y engorroso proceso, todos sus esfuerzos se han visto obstaculizados por las autoridades agrarias. El argumento utilizado durante muchos años para no conceder la dotación de tierras ha sido que el pueblo no existe, a pesar de que, por ejemplo, las credenciales de elector de los pobladores identifican su domicilio en la población de San Antonio Ebulá. Otros muchos documentos oficiales suscriben su existencia.  

Desde hace unos años, el empresario Eduardo Escalante ha reclamado la posesión de las tierras en las cuales se encuentra el pueblo. Después de violentos intentos de desalojar a los habitantes, el 13 de agosto de 2009 un grupo de para-policías llegaron en camionetas de la empresa del señor Escalante, acompañados de tractores y de elementos de la policía. El pueblo fue arrasado y todo fue destruido a su paso: casas, pertenencias, cultivos, animales domésticos, la capilla y cualquier otro indicio de la vida comunitaria. La gente – mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos – tuvieron que huir al monte para protegerse. De acuerdo con los estándares internacionales, los pobladores de San Antonio Ebulá fueron convertidos en desplazados internos. 

A pesar de que después de una larga resistencia y proceso judicial para la restitución de sus derechos se les concedió una pequeña porción de la totalidad de las tierras, el caso continúa impune y la vida comunitaria no ha sido restituida. Lo más grave del caso es el silencio. Todo mundo sabe de la Lady Senadora o la Lady Polanco o de cualquier otra noticia que realmente no debería serlo, pero poco se sabe de este trágico y vergonzoso caso. 

Exhorto a una campaña de información. Si tiene Twitter, ayude a difundir el caso con el tópico #EbuláNoSeOlvida. Si ve a sus familiares o amigos, comente el caso. Podemos hacerlo. Llevarlo a la agenda pública es imprescindible: la base de la impunidad es el silencio.

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LOS PODERES Y LA PROTESTA PÚBLICA

Más allá de los tres poderes reconocidos de forma consensuada por la teoría – ejecutivo, legislativo y judicial – existen otros poderes que rigen aquella abstracción política (pero sobre todo social) que es el Estado. Retomando un poco la microfísica del poder de Michael Foucault, no debiéramos conceptualizar un único poder desde el gobierno. La realidad social se compone también de las relaciones de poder entre individuos e instituciones de diverso escalafón: escuelas, universidades, hospitales, familias y otros tantos etcéteras. En este sentido, el poder no significa únicamente dominar, sino producir relaciones. Sin embargo, las relaciones que produce el poder desde los niveles más elementales de la sociedad generan, a su vez, reacciones que revierten o modifican las relaciones de poder entre el individuo y el Estado. 

Pensemos, por ejemplo, en las protestas que ocurren actualmente en Brasil. Si bien a primera vista pudiera parecernos una crisis producida única y exclusivamente desde el vínculo gobierno – gobernado, su significancia trasciende los presupuestos políticos y jurídicos. El manifestante (independientemente de su ideología y pretensiones) lo es no únicamente por las probables decisiones desatinadas de la élite gobernante, sino por las relaciones de poder a niveles capilares. ¿Por qué no todos los brasileños que utilizan el transporte público participan en las marchas? ¿Por qué no todos reaccionan de la misma manera? La familia, la escuela, el trabajo y demás escenarios cotidianos son, precisamente, un primer estadio del proceso de manifestación pública. El individuo entiende y asume la realidad a partir de cómo esa realidad es traducida desde las relaciones de poder elementales. La escuela y la familia, en concreto, construyen el primer diálogo social del individuo a partir de lo que nos indican que debe ser entendido como correcto o no. ¿Podemos quejarnos? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se desenvuelve el concepto de lo que uno debe o no hacer ante determinadas coyunturas sociales cuando éste es diferente a lo que las instituciones educativas, la familia, los amigos y la sociedad nos dicen? 

Aquellos que toman las calles para exigir al gobierno no están únicamente ahí en contra del gobierno, sino que están ahí porque previamente las relaciones de poder en red en las que se encuentran inmersos les han hecho llegar a esa determinación por el diálogo y confrontación, generando una efervescencia que logra masificarse, organizarse y replantearse contra una determinación del gobierno. Se marcha, también, en respuesta a las opiniones divergentes que el individuo ha encontrado en los otros que lo rodean. Y no me refiero a una divergencia basada en el rencor o una ruptura, necesariamente, sino la producción de una relación dinámica colectiva y con implicaciones políticas sostenida de relaciones previas a niveles inferiores. Así sucede en cualquier país: la resistencia no sólo se llevan a las calles sino a la mesa familiar, a la oficina o a los encuentros sociales. Las antípodas en las que se encuentran los que defienden un movimiento y los que criminalizan la protesta social son síntoma de algo más elemental.

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¿POR QUÉ EL ESTADO DEBE SER LAICO?

Hace unos días, la Alcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes “entregó” las llaves de la ciudad a Jesucristo. En un acto simbólico organizado por la Alianza de Pastores, la edil regiomontana abrió las puertas del municipio a Dios “como la máxima autoridad” y a Jesucristo “para que su reino de paz y bendición sea establecido”, entre otros tantos detalles que justifican que la noticia lo sea. Hay video del acto en internet, para variar. Para un creyente pudiera no ser difícil entender qué motivó a Arellanes o al público que aplaudía y gritaba alabanzas. En cambio, por parte de un deísta sin religión, un ateo, un agnóstico o incluso un creyente a favor del Estado laico, indudablemente habrá un rechazo. ¿Por qué necesitamos que el Estado sea laico? No quisiera ser simplista ante un tema insaciable que merece demasiadas consideraciones, pero trataré de aprovechar este breve espacio para al menos trazar un bosquejo inicial de respuesta. En el lector queda nutrirla y compartirla. 

La humanidad ha dedicado gran parte de su historia a realizarse cuestionamientos acerca de sí misma. La religión es una de las respuestas o uno de los medios para hallar algunas respuestas. O quizá para plantearse más dudas, que no es lo mismo pero es igual. Sin embargo, el intento de imponer a los demás una religión, una ideología o cualquier otro tipo de respuesta aparente que uno ha adoptado como verdad, no puede ser entendido sino como una agresión. No quiere decir que no exista detrás una buena intención, pero mal dirigida puede transformarse en eso: una agresión. Un Estado laico impide respuestas preconcebidas para los aspectos más fundamentales del individuo que deben ser tratados por éste desde su individualidad, valga la redundancia. Claro, lo anterior se complica cuando lo individual posee una significancia pública. No podemos ser cínicos o ingenuos (según sea el caso) y asegurar que todo funcionario público puede divorciarse de forma absoluta de sus creencias personales. ¿Tiene Arellanes derecho a manifestar sus creencias religiosas? Efectivamente; pero la Alcalde de Monterrey no. Es inadmisible que se haga uso de una función pública para la imposición colectiva de respuestas provenientes desde la individualidad; aun cuando esa respuesta individual no pueda ser entendida sin una trascendencia colectiva, como es el caso de una religión. El cargo de Arellanes es mantenido por judíos, espiritistas, ateos, agnósticos y quién sabe cuántos más etcéteras que componen la diversidad de Monterrey. Respetar, proteger y asumir esa diversidad es una forma de garantizar la paz social. 

Así sea bajo una presumible buena intención mal dirigida, todo lo que es a la fuerza representa un grado de agresión. Quizá Arellanes ha olvidado la parte del Evangelio en la que Jesucristo afirma "dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Como creyente que es, quizá debiera poner un poco más en práctica esa máxima.

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