GOODBYE, KELSEN

Usted, lectora o lector, tiene derechos humanos. Ni las autoridades, ni los particulares pueden transgredir esos derechos. Usted y yo pagamos impuestos y nos sometemos a la autoridad bajo el supuesto de que a través de la estructura estatal serán respetados, protegidos, garantizados y cumplidos, cuando menos, nuestros derechos humanos. Quizá antes no lo concebíamos así debido al tropicalismo jurídico mexicano que los denominaba “garantías individuales”, pero da igual: las luchas sociales a lo largo de nuestra historia tuvieron entre sus objetivos los derechos humanos, aunque quienes luchaban por ellos no los llamaban así. 

En 2011 se modificó el artículo 1 de la Constitución Federal para establecer el carácter constitucional de los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional (es decir, los que son formalmente constitucionales) y en los tratados internacionales (los que son materialmente constitucionales). Con esta reforma, México se subió tarde y en el último vagón al tren del constitucionalismo moderno. Los jueces ya no deben preocuparse por analizar si una norma es de “jerarquía superior” a otra para saber cuál aplicar, sino que, en materia de derechos humanos, prevalece aquella que reconoce de manera más amplia el derecho. Eso es lo que seguramente habrá escuchado llamar Principio Pro Persona. Se habla de un bloque constitucional en el cual Constitución y tratados de derechos humanos son complementarios y forman parte de un todo armónico, cuya ponderación de derechos dependerá de cada caso. En teoría, la pirámide de Kelsen pasó al museo de antigüedades junto a la generación espontánea y la teoría geocéntrica. En teoría. 

Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en medio de una discusión trascendental. Como si no se hubiese hecho reforma alguna al artículo 1° constitucional, ahora los ministros discuten si se debe o no exorcizar al sistema jurídico mexicano del fantasma de Kelsen. Los Ministros Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero dicen que sí. Por su parte, los Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán prefieren continuar con la necromancia. ¿Ha visto "Goodbye, Lenin!"? Si sí, cambie "Lenin" por "Kelsen" y tienen el estado actual de algunos ministros. Se trata de una discusión respecto de la amplitud con la que se reconocerán nuestros derechos. Tendrá repercusión en nuestras vidas a la hora de promover un amparo o un juicio ordinario o a la hora de enfrentarse a cualquier tipo de acto de autoridad, por dar ejemplos. Y sin embargo casi no se habla del asunto, al menos no lo suficiente. Como si fuera un aspecto menor que sólo debe importarle a abogadas y abogados.

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EBULÁ AL SISTEMA INTERAMERICANO

El 13 de agosto se cumplieron cuatro años de impunidad en el caso de San Antonio Ebulá, Campeche. Esta comunidad campesina fue desplazada forzosamente por un particular que, con aquiescencia de las autoridades, arrasó el poblado. Casas, cultivos, animales y pertenencias fueron destruidas. Los pobladores (hombres, mujeres, niños, adultos y ancianos) tuvieron que huir al monte para resguardarse. Este atropello a los derechos humanos fue cometido en el marco de un juicio agrario que, después de 20 años de duración, aún no ha concluido. El procedimiento de dotación de tierras a la comunidad ha resultado inefectivo y contrario al estándar del plazo razonable. Ni hablar del proceso penal que, después de cuatro años, no ha llamado a citar a los presuntos responsables y ha sobreseído sistemáticamente cada denuncia que se ha presentado. 

Todo lo anterior es el contexto en el cual el Grupo Indignación presentó formal denuncia en contra del Estado de Campeche y de los Estados Unidos Mexicanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “el desalojo forzoso de que fue objeto [la población de San Antonio Ebulá] en agosto de 2009, por la falta de acceso a la justicia tanto en materia agraria como penal, por la impunidad que protege al agresor y niega a las familias agraviadas la reparación del daño y por haber incumplido con sus obligaciones elementales en materia humanitaria en casos de desplazamientos”. Con la denuncia ante dicha instancia con sede en Washington, D.C., se inicia el primer proceso internacional en contra de autoridades del Estado de Campeche. 

Si bien el caso ha recibido poca difusión estatal y regional (no digamos nacional), acudir a una instancia a la cual México se ha sometido representa, en sí mismo, un acto de reivindicación a las víctimas. El Estado de Campeche y el Gobierno Federal deberán rendir informe al organismo interamericano para tratar de justificar más de veinte años de dilación agraria y cuatro años de inactividad en las investigaciones penales. 

Como bien sabrá el lector, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo autónomo facultado para conocer de peticiones relacionadas con violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados interamericanos. El proceso ante la Comisión Interamericana puede culminar con la emisión de recomendaciones para el Estado demandado. En caso de ser incumplidas, la Comisión Interamericana puede enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal internacional que, según ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus sentencias obligan a todo el Estado Mexicano.

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LO QUE SÍ URGE EN PEMEX

La reforma energética propuesta por Peña Nieto es un tema difícil. Al ser tan complejo y técnico, el ciudadano analfabeto en la materia – como lo es un servidor – corre el riesgo de caer en conclusiones pasionales y aventuradas, las cuales son motivadas principalmente por actores políticos y económicos que sí tienen voto en el asunto. Sin embargo, no por ello son menos legítimas las aportaciones que los ignorantes en el área generemos. Más aún, las autoridades están – lo sepan ellas o no – obligadas a darles respuesta. Aquí van, entonces, algunos humildes comentarios que esperan ser confirmados o refutados, según el caso, por quien desee unirse al diálogo. 

1. No sé Usted, pero yo pongo en duda que “privatizar” implique necesariamente erradicar la corrupción de una institución, como si el sector privado implicase per se un control inmaculado. Ahora que está de moda compararnos con Brasil en todo, recordemos los escándalos de corrupción de Petrobras, provenientes precisamente de la participación privada con la que cuenta dicha empresa. Y no nos vayamos tan lejos; pensemos en Telmex o la banca “mexicana”. 

2. Volviendo a Brasil: pensemos si el éxito de Petrobras se ha dado principalmente por la participación privada o por otros factores. Durante décadas, mientras México era el paraíso petrolero a nivel mundial y nos acostábamos a ver cómo la lluvia negra hacía florecer, los brasileños invertían en tecnología de explotación a pesar de que no sabían si poseían petróleo suficiente para generar una industria. La carrera de la liebre y la tortuga concluyó como nos la contaron de pequeños: Pemex se va quedando atrás y Petrobras sigue ganando terreno. 

3. Una vez más me dirijo a Brasil, no porque sean mejores, sino porque no hay motivo para que no podamos hacer lo mismo: como gran parte del sector público en ese país, el personal de Petrobras es elegido mediante concursos públicos. Los seleccionados reciben capacitación en la Universidad de Petrobras y son llevados a filiales de todo el mundo para aprender tecnología de punta y posteriormente implementarla en su país. Pemex invierte poco o nada en el capital humano y el personal es, en gran medida, flotante. Muchos permanecen un par de años y pasan a otro cargo público ajeno a la industria petrolera. No hay continuidad, ni se transmite conocimiento. ¿El sector privado va a garantizar lo contrario?

4. Urge despetrolizar nuestra economía. Los mexicanos llevamos décadas creyendo que la quincena nos hará el mes. La necia tranquilidad nos desmotiva a invertir y desarrollar otras fuentes de ingreso. El petróleo se va a acabar tarde o temprano y, si verdaderamente pensáramos a futuro, invertiríamos lo necesario para desarrollar fuentes de energía sustentable.

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LA HOLANDA LATINOAMERICANA

Falta que el Senado uruguayo dé la última palabra, pero todo indica que el proyecto de ley de regulación de venta de cannabis será aprobado. No sólo pasaría a ser el primer país latinoamericano en aprobarla, sino también sería el primero del mundo en instaurar su mercado bajo total control del Estado. La región entera apunta a Montevideo en espera del desenlace de este primer experimento. 

Como Usted bien sabe, en los últimos años, desde Tijuana a Ushuaia se ha generado una discusión cada vez más insistente sobre el tema como medida para contrarrestar los efectos del crimen organizado. La discusión para nada es nueva, pero a ella se han sumado políticos y ex presidentes de distintos países, lo cual sí es una novedad. Por supuesto que no tomo de referencia a Vicente Fox, cuyo papel en la discusión me ha parecido vergonzoso y oportunista. En fin: es Fox. Tampoco es que esperaba más de él. Mayor seriedad nos merecen las intervenciones de Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia), Tavaré Vázquez (Uruguay) y Ernesto Zedillo (México), quienes son algunos de los ex mandatarios que apuestan por la legalización al unísono de los actuales gobiernos como el de Otto Pérez Molina (Guatemala), Juan Manuel Santos (Colombia) y, por supuesto, José Mujica (Uruguay). 

Mujica tiene motivos para ser optimista. En 2006, su país inició una serie de regulaciones a la venta del tabaco que lograron disminuir su consumo de manera sorprendente. En 2006, el 32% de los uruguayos fumaba. Para 2011, la cifra había disminuido al 25%. Durante ese mismo periodo, el porcentaje de muertes por tabaco se desplomaron. La lógica Mujica prevé que, en teoría, adoptar medidas similares para el consumo de cannabis pudiera ser incluso más fácil, teniendo en cuenta que el grado de adicción del tabaco es mucho mayor. 

Sin embargo, Uruguay no es una isla y no lo digo atendiendo a su geografía. Habrá que analizar los efectos que traerá en la región la aprobación de la marihuana en su territorio. Me parece que, en todo caso, es imposible en pensar que medidas unilaterales puedan ser efectivas si no son correspondidas por los demás países. Legalizar no será, por sí sola, la medida que acabe con el narcotráfico porque cualquier medida contemplable requiere de otras que la complementen. Mientras siga habiendo tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México y Centroamérica, el problema persistirá. Mientras el lavado de dinero siga realizándose con aquiescencia de las autoridades en países como Panamá, el problema persistirá. Por mencionar tan sólo algunos puntos.

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