Desde hace unos días, cerca de veintiún estatuas de la Coca-Cola desafinan una de las principales avenidas del Fraccionamiento Las Américas en Mérida. Los vecinos y la sociedad en general no se han dado el lujo del silencio y han proliferado las manifestaciones de disgusto por estos “monumentos” a la trasnacional refresquera. Claro, la información ha corrido principalmente a través de las redes sociales, ya que escasamente ha sido abordada por los medios de comunicación locales.
El origen de estas incomodas efigies fue un concurso organizado por el Grupo Bepensa (encargado de la producción de la Coca-Cola en el Sureste Mexicano). La convocatoria estuvo dirigida a jóvenes preparatorianos y universitarios con la finalidad de “promover la protección del medio ambiente”. Los diseños de botellas ganadores serían exhibidos en este espacio público. Y así fue.
Hay que aclarar que se tratan de estructuras de concreto fijadas al camellón de la avenida y no fácilmente removibles después de un determinado tiempo de exhibición. Son verdaderos “monumentos” cuya instalación justificó la tala y retiro de árboles para que sean más visibles. Están pensados para perdurar y servir de publicidad constante.
Mucho podríamos preguntarnos sobre cómo pudo permitirse que un espacio público sea aprovechado por un particular con evidentes fines publicitarios y perpetuar la omnipresencia de la marca. Podríamos cuestionarnos cómo ninguna autoridad del Ayuntamiento de Mérida advirtió que se trataba de un espacio público a través del cual cualquier construcción iconográfica erige, a su vez, nuestra consciencia comunitaria. Podríamos, sí; pero el caso no deja de ser tan sólo un síntoma de una transgresión mucho más sistemática y generalizada en nuestra vida diaria. La privatización de facto del espacio público por esa compañía fue realizada porque, efectivamente, ésta es consciente de que puede hacerlo porque las condiciones sociales y políticas la facultan para ello. El poder público, limitado a ser un simple observador de las acciones de los particulares que se encuentran en las mejores posibilidades de incidir según sus intereses, ha impregnado la lógica de que si una empresa puede hacer algo, esto debe ser permitido en respeto a su capital y desarrollo comercial. Hablar de espacios comunitarios y del derecho a decidir sobre el uso de los espacios públicos de forma inclusiva es considerado por muchos una confesión de “comunismo” intolerable que viene a “amenazar” a una de las empresas más poderosas en el mundo.
Confío en que la petición firmada por ciudadanas y ciudadanos que será presentada el 27 de mayo a la Dirección de Desarrollo Urbano de la ciudad impulsará al Ayuntamiento a hacer lo propio. Sería un gran reconocimiento de que los espacios públicos no están sujetos a la privatización. El camellón no es un espectacular o cartel auspiciado por un particular.
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