En materia penal únicamente las personas individuales pueden cometer delitos. Las colectivas no. Se podría iniciar un proceso en contra de, por ejemplo, el director o el gerente de la Empresa “X”, pero nunca en contra de la empresa en sí. Hago esta aclaración porque considero que es de suma importancia para entender cuándo estamos entre un ejercicio legítimo de la fuerza pública para mantener el orden y cuándo estamos ante un caso de represión o abuso de poder.
Me queda claro que lanzar una bomba molotov o dañar propiedad son conductas que constituyen delitos. Eso no lo discuto. Sin embargo, el Estado no puede adjudicar responsabilidad de ningún tipo a una marcha o movimiento en su conjunto por los actos de algunos de sus miembros. Si de seis mil personas en una marcha (por dar un número cualquiera) quinientas realizan acciones que constituyen un delito sancionado por ley, las fuerzas policiales deben limitarse a perseguir aquellas quinientas o cien o veinte o una que lo haya realizado. El que la autoridad interprete la agresión de unos manifestantes como “luz verde” para perseguir y detener a cualquiera que pase en su camino es un acto de represión y constituye detenciones ilegales por no contar ni con orden de aprensión, ni haberse realizado contra personas que cometían un delito en fragancia.
Por cierto, una vez detenidos los que sí realizaron algún delito, no deben ser torturados o golpeados sin justificación. La fuerza pública es para detener la violencia, no para generarla, por lo que debe ser proporcionada y durar sólo hasta donde sea inevitable. Cinco policías golpeando a palos a un manifestante que tenía un palo es un abuso. Se debe desarmar, detener y trasladar a la autoridad que corresponda. No más.
No podría dar números o porcentajes de detenidos legal e ilegalmente este fin de semana. Ignoro el dato. Lo que sí puedo asegurar es que la norma de “justos pagan por pecadores” si bien será muy útil en el salón de clases para algunos profesores de primaria, aplicada al uso de la fuerza pública deriva en un acto de represión, toda vez que va en contra del objeto y fin de la misma.
Del mismo modo, la condena mediática y social no puede ser desproporcionada. Que había gente que tomó la vía violenta para manifestarse y cometió delitos no lo pongo en duda. Pero “los manifestantes” no existen. Lo que existen son personas con nombre y apellido y así debe ser establecida la responsabilidad. A cualquier gobierno le sirve predicar lo contrario: qué mejor panorama que la estigmatización mediática de cualquier signo de disidencia o protesta pública.
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