Hace ya once años atrás, la CNDH emitió la Recomendación 26/2001, la cual ordenaba al gobierno indemnizar a 275 víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia, período de represión de Estado contra la disidencia política que ocurrió en nuestro país durante los sesenta y setenta. La CNDH acreditó sólo a 275 víctimas, pero distintas fuentes coinciden en que durante la Guerra Sucia hubo entre 1,500 y 2,000 desaparecidos. De cualquier forma, el cumplimiento de esa recomendación no comenzó a operar sino hasta el año 2011 mediante la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación. En ese año se indemnizó a veinticuatro personas, mientras que en 2012 a diecinueve. Para estos efectos, se destinó un total de apenas 30 millones de pesos en el sexenio de Felipe Calderón.
A unos días de que sea aprobado, el actual proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2013 asigna únicamente 53 millones 500 mil pesos para indemnizaciones y otros gastos ordenados al Estado Mexicano por organismos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos mediante recomendaciones, sentencias, resoluciones y soluciones amistosas. Para dar cumplimiento a la Recomendación 26/2001, el Presupuesto de Egresos debería contemplar un mínimo de 232 millones de pesos. Es decir, aún cuando los 53 millones 500 mil pesos contemplados para responsabilidad por violaciones a derechos humanos se ocupase únicamente para esa recomendación, se requerirían cuatro años para indemnizar a todas las víctimas reconocidas en la misma. Esta semana, miembros de la Cámara de Diputados y organizaciones de derechos humanos advirtieron que, si se mantiene el ritmo de gasto de 15 millones de pesos anuales para atenderla, el Estado Mexicano podría tardar hasta 15 años en indemnizar a las 275 víctimas.
Y, como ya mencioné, esas son sólo las desapariciones acreditadas por la CNDH en la 26/2001. Ese es el compromiso que nuestro país tiene hoy con las víctimas de la violencia maquinada y ejercida desde el mismo Estado. Ni hablar de los procesos penales para hacer justicia contra los victimarios. Bastará con decir que las víctimas sobrevivientes y los familiares de las fallecidas o desaparecidas pagan con sus impuestos la pensión presidencial de Luis Echeverría Álvarez.
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