LA VERDADERA VÍCTIMA EN CONTROVERSIA POR "PASO DEPRIMIDO"

Hace un par de minutos me informaba vía Twitter de las múltiples reacciones que han surgido ante los últimos acontecimientos de violencia en Mérida. La ciudad parece haberse dividido en tres grupos principales: la gente en contra del “Paso Deprimido”, la gente a favor y la gente que (en una posición igual de legítima que las dos anteriores) simplemente estaban hartos del tema y de las quejas. Sería irresponsable afirmar que alguna de estas posiciones es más valiosa que otra. Personalmente, estoy en contra de la construcción planeada en Paseo de Montejo. Esto no quiere decir que comparta todas las opiniones y los puntos de vista que otros opositores han manifestado a través de prensa, radio y redes sociales . El principal problema en medio de esta controversia (y sin duda, el principal obstáculo para encontrar una solución a la discusión) es que se ha hablado demasiado sobre el tema, al grado en que comienza a olvidarse el principal riesgo que enfrentamos: el deterioro de la democracia, legalidad e institucionalidad. Trataré de explicar esta idea de forma breve y precisa.

Hace unas semanas envié al Ayuntamiento una petición ciudadana en la que solicitaba a la Alcaldesa Angélica Araujo que se abstuviera de acusarnos a todos los opositores del “Paso Deprimido” de ser emisarios encubiertos del Partido Acción Nacional. No soy ningún ingenuo: desde el principio estuve consciente de que no iba a recibir respuesta, a pesar de la obligación constitucional que tiene el Ayuntamiento. En primer lugar, la petición seguramente fue leída (si es que en verdad lo fue) por algún funcionario menor o algún estudiante trabajando de meritorio o realizando servicio social. Desconozco, sinceramente, quién se encarga de darle lectura y respuesta a las (me imagino) cientos de cartas recibidas por el Ayuntamiento. Lo que era lógico, es que no iba a ser leída, mucho menos respondida por Ángelica Araujo. A pesar de ello, yo tenía derecho legítimo a obtener respuesta de ese estudiante meritorio o funcionario menor. La sigo esperando. Pero no voy a recibirla y es por una razón muy sencilla: el gobierno que encabeza Angélica Araujo no es un gobierno cercano y atento a las necesidades de la gente. Lo que intenté exponer al enviar la carta fue superado por lo que han demostrado por sí mismos los hechos de violencia en las últimas horas. Pido por favor que, si el lector está a favor del “Paso Deprimido”, no interrumpa aquí su lectura. El punto al que quiero llegar es también de su interés.

¿Por qué digo que la principal víctima de este debate es la democracia? Debemos olvidarnos, primero, del histórico y parapléjico concepto de democracia limitado al día de votaciones. La democracia se manifiesta a través del ejercicio diario de la ciudadanía para salvaguardar la legalidad y la institucionalidad en un Estado democrático, como lo es el Estado de Yucatán. Más allá de los argumentos relativos al beneficio o perjuicio que traería la obra, el dinero utilizado o incluso cuestiones ambientales, mi principal preocupación (e indignación) es que la construcción está siendo impulsada por un proceso que no cumple con los requisitos legales, que pasó por alto etapas en su proceso de aprobación, incluyendo uno sumamente fundamental: la consulta ciudadana. Defendía al principio la legitimidad de aquellos que apoyan la construcción del “Paso Deprimido”. Yo no puedo decir que, como opositor, poseo la verdad absoluta y que deba ser impuesta mi visión sobre las otras perspectivas. La consulta ciudadana tiene, entre otros propósitos, garantizar el cumplimiento de la voluntad mayoritaria. No poseo datos concretos sobre el porcentaje de la población que se opone a la construcción de esta obra. Tampoco el Ayuntamiento los posee. Permitir una construcción ilegal y que no respeta los procedimientos previamente establecidos es un atentado contra nuestra vida democrática. Olvidamos que como ciudadanos también estamos encargados de educar a nuestros gobiernos. Lo que es permitido una vez, será reproducido en el futuro con asuntos más complejos, tanto en gobiernos del PRI, como del PAN o de cualquier otro partido. El daño institucional en una sociedad trasciende administraciones y funcionarios públicos.

No es la construcción lo que afecta en sí a nuestra sociedad. Es la falta de respeto a la legalidad y a la obligación de escuchar la opinión pública. Esto nos afecta a todos: los que estamos en contra, los que están a favor y los que están hartos de que el tema asfixie su Timeline en Twitter. Los que están a favor de la construcción tienen derecho de que ésta se realice bajo un proceso transparente y que respete los lineamientos jurídicos. Si se realizan las obras de construcción en base al procedimiento establecido, mediante consulta ciudadana previa, y resultase que la voluntad de la mayoría es la creación del “Paso Deprimido”, podría insistir en los argumentos por los que no lo creo conveniente, pero sería incapaz de manifestarme o de acusar al gobierno de Angélica Araujo, en el presupuesto que en una democracia no siempre estarán todos de acuerdo con las decisiones tomadas.

Reitero mi posición: que el PRI y el PAN se alejen de la discusión ciudadana. Es un hecho que ambos se han esmerado en sacarle provecho político a la discusión. Existe un movimiento cívico a favor y en contra. La solución es clara. Se necesita una consulta ciudadana para garantizar la legalidad de la obra. Angélica Araujo debe entender que hay un sector no partidista muy grande en contra del proyecto. No pretendo se nos escuche sólo a nosotros, todo lo contrario. Pretendo que se comporte como un gobierno democrático que, a pesar de que ella se jacta de hacerlo, escuche realmente a la gente.

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