JUICIO CONTRA EL JUEZ BALTASAR GARZÓN

Hace tan sólo unos meses, tuve la oportunidad de escuchar a Baltasar Garzón Real durante una de sus conferencias. Entre otros temas, destacó el papel de los jueces y su responsabilidad con las víctimas. “[Todo juez] debe asumir riesgos, aunque ello lleve implícito un resultado adverso para sí mismo”, decía en aquella ocasión. Sin duda alguna, la experiencia del propio Garzón consta como prueba irrefutable de ello. No es de extrañarse que los tres procesos llevados en su contra – uno de los cuales, como es de conocimiento público, ordenó su inhabilitación – estén relacionados por su actuación como juez en casos de graves violaciones a derechos humanos y actos de corrupción cometidos durante la dictadura de Francisco Franco o durante la gestión de diversos funcionarios miembros del Partido Popular (PP), actual heredero político del franquismo.

Me opongo, como bien diría Michael Ignatieff, a convertir la lucha de los derechos humanos en una religión atea. Eso implica negarse a generar un santoral a partir del endiosamiento de ciertas personalidades comprometidas con la causa. De encontrarse pruebas contundentes de abusos cometidos por Garzón en su actividad jurisdiccional, éste debe ser sancionado de acuerdo a lo establecido en la legislación española relacionada a la responsabilidad de los administradores de justicia, eso no lo discuto. Sin embargo, no existen actualmente pruebas suficientes de ello. La sentencia dictada en su contra es el resultado de un proceso desmedido en arbitrariedades, sin mencionar que distintas peticiones de defensa le fueron desatendidas. Por si fuera poco, la sentencia no especifica cuál ha sido el daño concreto que habría ocasionado su gestión. ¿En qué está fundamentado, entonces, este fallo?

No es de extrañarse que los magistrados que adoptaron esta decisión estén políticamente ligados al PP. Con la llegada de Rajoy al poder, éste partido se encuentra con un rango de influencia aún mayor para realizar una venganza política en contra del hombre que en el dos mil ocho inició distintas investigaciones para develar más de cien mil casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura de Francisco Franco. En el Caso Gürtel, por el cual fue inhabilitado, Garzón expuso a la luz pública la red de corrupción liderada por Francisco Correa, director de varias empresas íntimamente vinculadas al PP. Absurdamente, el primer sentenciado en éste caso ha sido el mismo Juez que inició la causa, mientras que los responsables continúan impunes. Así, los procesos llevados en su contra tienen como único fundamento la persecución política.

Recuerdo que, en esa misma conferencia, Baltasar Garzón advertía que, si bien “a nivel oficial se habla de las víctimas”, están son siempre “invisibilizadas”. “Las víctimas incomodan”, señalaba. Ese ha sido el común denominador en las graves violaciones a derechos humanos sufridas durante dictaduras como la de Francisco Franco en España o las vividas en muchos países de América Latina. De ahí que los jueces comprometidos con la investigación, persecución y enjuiciamiento de los victimarios sean una pieza fundamental para fortalecer la voz de las víctimas y sus familiares. Son imprescindibles los jueces que asumen como su principal labor el hacer visibles a quienes, a pesar de las décadas transcurridas tras la caída de esos regímenes autoritarios, siguen esperando justicia. El Juez Baltasar Garzón es, a mi parecer, uno de ellos.

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