El 13 de agosto se cumplieron cuatro años de impunidad en el caso de San Antonio Ebulá, Campeche. Esta comunidad campesina fue desplazada forzosamente por un particular que, con aquiescencia de las autoridades, arrasó el poblado. Casas, cultivos, animales y pertenencias fueron destruidas. Los pobladores (hombres, mujeres, niños, adultos y ancianos) tuvieron que huir al monte para resguardarse. Este atropello a los derechos humanos fue cometido en el marco de un juicio agrario que, después de 20 años de duración, aún no ha concluido. El procedimiento de dotación de tierras a la comunidad ha resultado inefectivo y contrario al estándar del plazo razonable. Ni hablar del proceso penal que, después de cuatro años, no ha llamado a citar a los presuntos responsables y ha sobreseído sistemáticamente cada denuncia que se ha presentado.
Todo lo anterior es el contexto en el cual el Grupo Indignación presentó formal denuncia en contra del Estado de Campeche y de los Estados Unidos Mexicanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “el desalojo forzoso de que fue objeto [la población de San Antonio Ebulá] en agosto de 2009, por la falta de acceso a la justicia tanto en materia agraria como penal, por la impunidad que protege al agresor y niega a las familias agraviadas la reparación del daño y por haber incumplido con sus obligaciones elementales en materia humanitaria en casos de desplazamientos”. Con la denuncia ante dicha instancia con sede en Washington, D.C., se inicia el primer proceso internacional en contra de autoridades del Estado de Campeche.
Si bien el caso ha recibido poca difusión estatal y regional (no digamos nacional), acudir a una instancia a la cual México se ha sometido representa, en sí mismo, un acto de reivindicación a las víctimas. El Estado de Campeche y el Gobierno Federal deberán rendir informe al organismo interamericano para tratar de justificar más de veinte años de dilación agraria y cuatro años de inactividad en las investigaciones penales.
Como bien sabrá el lector, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo autónomo facultado para conocer de peticiones relacionadas con violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados interamericanos. El proceso ante la Comisión Interamericana puede culminar con la emisión de recomendaciones para el Estado demandado. En caso de ser incumplidas, la Comisión Interamericana puede enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal internacional que, según ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus sentencias obligan a todo el Estado Mexicano.
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