DÍA DEL DERECHO A LA VERDAD

Si uno viaja por las carreteras de cualquier país de América Latina, le será casi imposible no encontrarse con alguna cruz u otro símbolo que delimite el sitio donde alguien perdió la vida. Esa necesidad humana de los familiares por anunciar “aquí pasó algo”, muchas veces esencial para concluir el duelo, se acentúa aún más cuando el quiebre en la narrativa personal no ha sido producido por un azaroso accidente sino por otro ser humano. Las graves violaciones a derechos humanos, sobre todo las cometidas por agentes estatales, vienen acompañadas de los intentos de los victimarios por decretar el olvido: desaparición de los cuerpos, destrucción de archivos oficiales, censura a cualquier tipo de manifestación académica o artística que aborde los sucedido, evasión de la discusión pública, entre otros tantos etcéteras. Lo que no es recordado no ha sucedido nunca y, por lo tanto, puede volver a flagelar a una sociedad.

 

Es por eso que en el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Esta fecha, injustamente poco difundida, tiene como uno de sus objetivos promover el ejercicio del derecho a la verdad desde su perspectiva colectiva: es decir, que la sociedad en su conjunto sepa de las graves violaciones a derechos humanos que han marcado su historia. Como advertiría Louis Joinet, “[e]l conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio”, por lo que es necesario “prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas”. Así, el derecho a la verdad es el derecho a recibir y conocer la información acerca de lo sucedido: nombres de las víctimas, nombres de los victimarios, los móviles de éstos, las circunstancias, causas, el contexto y demás detalles que nos puedan ayudar a cerrar aquellas heridas sociales que aún producen secuelas en nuestro presente.

 

En ese ánimo, convoco al lector a ejercer este 24 de marzo nuestro legítimo derecho a la verdad. Cuénteles a sus hijos sobre Tlatelolco o el Halconazo; o lea algo sobre lo sucedido en Acteal, Aguas Blancas o Atenco. Platique con sus familiares acerca de la Guerra Sucia sufrida en nuestro país en los años sesenta y setenta. Será domingo, así que el tiempo no debe ser excusa para no darse el lujo de buscar algún documental o película por internet o de leer algún artículo, libro o cualquier otro texto impreso o electrónico. Hágalo. De preferencia acompañado, pero hágalo; que recordar siempre es hacernos preguntas sobre nuestra actualidad. Somos seres de memoria que desde el presente planifican su porvenir a través de la reconstrucción de su pasado.

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CASO ATENCO VS. MÉXICO

Este jueves se llevó a cabo en Washington D.C. la audiencia testimonial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de doce mujeres víctimas de violaciones a derechos humanos durante los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. Bárbara Italia Méndez, una de las víctimas, describió su desgarradora experiencia en la que fue ultrajada y violada por elementos policías. A detalle, describió el sufrimiento vivido: desde los hechos de violencia, hasta la actitud de quienes le brindaron una fallida atención médica y, por supuesto, la posterior denegación de justicia. Los representantes de México, por su parte, no sólo no contradijeron el testimonio de Bárbara Italia, sino que reconocieron que existieron violaciones a derechos humanos y aseguraron “solidarizarse con su dolor”. Hace aproximadamente un año, Peña Nieto aseguraba en la Universidad Iberoamericana que no hubo violaciones a derechos humanos. Hoy, su gobierno, ante la posibilidad de que la Comisión Interamericana envíe el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirma que sí las hubo, ofreciendo la posibilidad de una solución amistosa.

Sin embargo, Bárbara Italia, en nombre de las otras once víctimas, anunció que no estaban interesadas en una solución amistosa, debido a que éste ha sido el mecanismo con el que el gobierno mexicano, desde el sexenio pasado, garantiza que ningún caso llegue a la Corte Interamericana. Para que exista una solución amistosa en un caso ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos debe haber voluntad de las partes, cosa que hoy hay en esta ocasión.

En este sentido, Peña Nieto podría convertirse en el primer presidente que afronte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso ocurrido durante un gobierno suyo y en el cual se le acusa de tener responsabilidad. No es cosa menor. Como pudo verse en la audiencia, los representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México casi no hicieron referencia a los hechos del caso y, cuando lo hicieron, fue para recalcar que las violaciones cometidas por policías fueron a título propio y no por “instrucciones superiores”. Así, a pesar de ofrecer apoyo médico y psicológico, el seguimiento de los procesos penales contra posibles responsables e, incluso, el reconocimiento de responsabilidad estatal y una disculpa pública, las víctimas le dijeron “no” a la solución amistosa ofrecida por el gobierno. Si la Comisión Interamericana emite informe de fondo y las recomendaciones en el mismo no son cumplidas, el Caso Atenco sería expuesto internacionalmente – más de lo que ya está – al ser llevado a un tribunal internacional de derechos humanos.

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ELBA ESTHER: DEL RUÍDO A LAS NUECES

El 30 de junio de 2006 parecía ser un día destinado a trascender en la historia: un juez federal dictó orden de aprensión contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez por las graves violaciones a derechos humanos durante la Matanza del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971. Sin embargo, fue absuelto el 8 de julio del 2006 debido a que se determinó que el delito había prescrito. Nuevamente, el 30 de noviembre del 2006, se decretó auto de formal prisión en su contra, esta vez por su responsabilidad en la Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, ordenando su arraigo domiciliario. Sin embargo, el 26 de marzo de 2009 se decretó su la libertad absoluta, luego de no encontrar elementos para juzgarlo por el delito de genocidio por la Matanza de Tlatelolco (la entonces FEMOSPP cometió el error jurídico de procesarlo por genocidio y no por otros delitos). Ambos procesos contra Echeverría fueron mucha bulla para nada. 

Menciono esta anécdota de un pasado bastante reciente para alertar acerca del proceso iniciado este martes contra Elba Esther Gordillo. Nuestro país ha tenido una larga trayectoria de impunidad. Bastará mencionar que no se ha sentenciado a un solo responsable de las torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas y otros crímenes de Estado cometidos durante la Guerra Sucia de los 60’s y 70’s. Prueba de ello es que Luis Echeverría está en libertad a pesar de todo. Creo justificado poner en duda si verdaderamente este proceso garantizará la justicia o será una réplica de otros tantos en el pasado. Aclaro que reconozco la justa distancia entre los actos inhumanos cometidos por Luis Echeverría y la corrupción faraónica de Elba Esther, pero ambos están subsumidos en un contexto de impunidad. ¿Cómo creer que Elba Esther será sentenciada por desvíos de recursos si ni siquiera hemos podido sentenciar a los responsables de crímenes más graves? Recordemos que entre 2009 y 2012 “La Maestra” declaró ingresos de un millón de pesos y nadie dijo nada.

Otro detalle, para terminar de “aguar la fiesta” ante la noticia: con tener a Elba Esther en prisión no vamos a resolver el problema educativo en México. Se habrá vencido un obstáculo, sí, pero la problemática es más profunda. Mientras no se adopten verdaderas políticas públicas con enfoque de derechos que logren satisfacer al universo de titulares, la educación en México seguirá en el estado deplorable en el que se encuentra. De tener este tipo de políticas públicas, desde hace años hubiéramos podido, por ejemplo, elevar los niveles de alfabetización, garantizar una educación plurinacional o posicionar el sistema educativo mexicano entre los mejores de América Latina, cuando menos. Y eso hubiese podido pasar, hasta cierto punto, con o sin Elba Esther en el camino.

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LEY DE VÍCTIMAS Y DERECHO A LA VERDAD

Después de meses de espera, se hizo lo que Felipe Calderón no quiso, a pesar de estar constitucionalmente obligado: publicar la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso. En América Latina, la promulgación de este tipo de instrumentos ha marcado el inicio de etapas trascendentales para la reparación y reivindicación de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, incluso las más celebradas, como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de Colombia, no han sido el fin sino el inicio de un largo proceso que no queda libre de obstáculos y retos que deben ser afrontados por el Estado, las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad en su conjunto. De cualquier forma, no deja de ser una noticia positiva. Con todas las reservas o puntos perfectibles que tenga, la Ley General de Víctimas en nuestro país era un paso urgente que tenía que darse. 

Son muchos los puntos relevantes en la Ley que, sin duda alguna, ayudarán a generar un nuevo panorama en la lucha por la defensa de los derechos humanos en nuestro país; pero quisiera enfocarme brevemente en uno en particular: el reconocimiento del derecho a la verdad. Éste es un derecho que se encuentra aún en construcción y estudio en el ámbito del Derecho Internacional. No existe ningún instrumento internacional de carácter vinculante que lo reconozca como un derecho autónomo y con contenido propio. Sin embargo, ha jugado un papel indispensable en los procesos de justicia transicional en América Latina y otros países del mundo (ver los casos de Chile, Argentina y Sudáfrica, por ejemplo) e, incluso, ha sido reconocido en la legislación interna de algunos países. 

El derecho a la verdad enfrenta críticas desde su origen. ¿Qué es la verdad? ¿Podemos responder a la eterna duda de Poncio Pilatos? Al hablar de este derecho no se busca la verdad como concepto definitivo e inalcanzable. Este derecho consiste en aquél que asiste a las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto de conocer la verdad sobre las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en su país. Es decir, en aquellos casos en los que las violaciones graves y sistemáticas hayan sido producidas por el Estado, o con su permiso o aquiescencia, recae en el mismo Estado el producir y recolectar la información posible de los hechos para que se sepa quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y cuál fue la suerte final de las víctimas. Asimismo, en caso de haber fallecido, incluye el derecho de los familiares a recibir los restos mortales de las víctimas. Es el derecho la recuperación de la narrativa individual y colectiva ante ese quiebre ocurrido por la violación, el cual se encuentra aún sin esclarecer. El silencio y el no saber qué pasó y por qué pasó impiden el derecho al duelo de los familiares de víctimas fallecidas y, en caso de víctimas sobrevivientes, su posibilidad de reconstruir sus expectativas de vida. La Ley General de Víctimas es la primera ocasión en la que ese derecho es reconocido por la legislación de nuestro país. Habrá que ver cómo es interpretado por el Poder Judicial y cómo es aplicado.

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PRI Y EZLN: VOLVER SIN HABERSE IDO

Hace exactamente diecinueve años, México recibió el año nuevo con una noticia que habría de cambiar su rumbo: el 1 de diciembre de 1994 el EZLN se levantó en armas contra el gobierno mexicano, desmantelando el sueño primermundista en el cual la mayoría de la población mexicana sucumbió durante la presidencia de Carlos Salinas. El reclamo por los derechos más elementales y el posicionamiento de la miseria en la que vive gran parte de los pueblos indígenas – en aquél entonces una temática silenciada – fue uno de los factores que complicó el panorama para la hegemonía del PRI. 

Este 21 de diciembre, el Movimiento Zapatista reapareció a la vista pública a través de una marcha que congregó a decenas de miles de indígenas. Y lo hicieron en total silencio. No fue sino hasta el 30 de diciembre que dieron a conocer un comunicado sobre lo que serían sus siguientes pasos. ¿Por qué vuelven? ¿Por qué ahora? El comunicado pareciera dar algunas pistas: “nos hicimos presentes para hacerles saber que si ellos nunca se fueron, tampoco nosotros.” El mensaje principal pareciera estar dirigido a “Ellos”. Pero “Ellos” pareciera no incluir exclusivamente al PRI. “Los malos gobiernos de todo el espectro político, sin excepción alguna, han hecho todo lo posible por destruirnos, por comprarnos, por rendirnos. PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, CC y el futuro partido de RN, nos han atacado militar, política, social e ideológicamente.” 

Pero el comunicado zapatista también anuncia: “Hace 19 años los sorprendimos tomando con fuego y sangre sus ciudades. Ahora lo hemos hecho de nuevo, sin armas, sin muerte, sin destrucción.” Si bien no se trata de un regreso a las armas, se advierte que los pueblos indígenas zapatistas aún no se dan por cumplidos tras los fatídicos intentos de negociación con la COCOPA. No han salido de la marginación y el olvido. Sus derechos siguen siendo asignatura pendiente para el gobierno. No vuelven realmente porque nunca se fueron. Persistieron porque la miseria nunca se fue. “Quienes apostaron a que sólo existíamos mediáticamente y que, con el cerco de mentiras y silencio, desapareceríamos, se equivocaron. Cuando no habían cámaras, micrófonos, plumas, oídos y miradas, existíamos. Cuando nos calumniaron, existíamos. Cuando nos silenciaron, existíamos. Y aquí estamos, existiendo.” 

¿La historia se repite? Lo dudo. En todo caso, la historia nos sorprende al anunciar que capítulos que creímos cerrados nunca lo estuvieron realmente. ¿Está listo el PRI del presente para reencontrarse con fantasmas de su pasado? Evidentemente el problema indígena no es monopolio de los gobiernos priístas, pero no deja de ser un verdadero mensaje esta reaparición que, al igual que la del PRI, no lo es tanto, porque nunca hubo una ausencia del todo.

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APOLOGÍA DE LO QUE UNO NO DEBIERA PERMITIRSE

Cómo quisiera bajar la mirada sin sentirme culpable. Pasarme de largo a los problemas que no son míos; no sentirme comprometido de consolar sin que me lo pidan. Sería grandioso leer el periódico sin sentir que el mundo se viene de cabeza; o mejor aún, creer que lo que se lee es lo que hay y que es como es descrito. 

Me encantaría creer que las crisis económicas son realmente de todos; que el dinero se esfuma de cualquier sitio y que a manos de nadie ha parado. Cometer un noble acto de ingenuidad y aceptar como verdad que todos somos deudores, pero que nadie es acreedor. Desearía pensar que los desaparecidos son cosa del pasado y que los que lo fueron en algo se habrán metido para serlo; cambiar de mi vocabulario “disidencia” por “conducta antisocial” y “revolución” por “terrorismo”. 

Cuánto daría por convencerme de que vamos bien y de que el país está en buenas manos; de que los pobres son los que quieren y que los que no saben es porque deciden ser ignorantes. Tragarse semejante cuento de que el progreso es la esterilidad del suelo que pisamos y que los transgénicos son lo que salvarán a la humanidad de consumir aquello que sustenta nuestra existencia. 

Sería más fácil vivir sin ver a los invisibles de esta historia: los inmigrantes viajando sobre los trenes, las madres de la Guerra Sucia, los mapuches silenciados o los buzos misquitos que no logran volver a casa. En verdad que este mundo me sería más habitable si no supiese que los gobiernos están más preocupados por detener el tráfico de drogas que el tráfico de personas. 

Sin ser pretencioso, ojalá pudiesen haber sido otras mis circunstancias y pudiese concebir a esta humanidad un poco más humana. Me sobran las ganas de ser otro, el que uno no debiera darse permiso. 

Y sin embargo, prefiero despertar a gritos que permanecer dormido durante el día. Prefiero la lucha a la celda; el ruido del galope al silencio de los establos. Prefiero contagiarme de congoja a desentenderme de mi especie. Prefiero la libertad a confundirla con una ventana. 

Adoro más el peligro de los bosques que a las seguras paredes de una fábrica. Me es más fácil morir siendo enemigo a morir siendo un traidor. Me es inevitable no leer, no gritar, no disfrutar lo poco de cordura que queda en este manicomio. Prefiero los textos al armamento y a aquellos que dan la vida por una causa en las calles, no en las fosas comunes. Creo que las estatuas son para los que se desaparecieron tras los tanques y no para los que los conducían. 

Prefiero intentar, seducirme con la idea de que puedo o que al menos debo arrojarme al incierto camino que se abre entre las mujeres y hombres que no se quedan quietos. No puedo, no sé cómo pudiera ser yo de otra forma. Yo soy un hombre común y corriente que quisiera hacer lo que es lo propio. Pero no puedo. 

Ahora, disculpen si les incomoda mi presencia, pero no puedo detenerme y sentarme a disfrutar el paisaje mientras el mundo arde y algunos anuncian “llegó el verano”.

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LA GUERRA SUCIA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Hace ya once años atrás, la CNDH emitió la Recomendación 26/2001, la cual ordenaba al gobierno indemnizar a 275 víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia, período de represión de Estado contra la disidencia política que ocurrió en nuestro país durante los sesenta y setenta. La CNDH acreditó sólo a 275 víctimas, pero distintas fuentes coinciden en que durante la Guerra Sucia hubo entre 1,500 y 2,000 desaparecidos. De cualquier forma, el cumplimiento de esa recomendación no comenzó a operar sino hasta el año 2011 mediante la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación. En ese año se indemnizó a veinticuatro personas, mientras que en 2012 a diecinueve. Para estos efectos, se destinó un total de apenas 30 millones de pesos en el sexenio de Felipe Calderón. 

A unos días de que sea aprobado, el actual proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2013 asigna únicamente 53 millones 500 mil pesos para indemnizaciones y otros gastos ordenados al Estado Mexicano por organismos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos mediante recomendaciones, sentencias, resoluciones y soluciones amistosas. Para dar cumplimiento a la Recomendación 26/2001, el Presupuesto de Egresos debería contemplar un mínimo de 232 millones de pesos. Es decir, aún cuando los 53 millones 500 mil pesos contemplados para responsabilidad por violaciones a derechos humanos se ocupase únicamente para esa recomendación, se requerirían cuatro años para indemnizar a todas las víctimas reconocidas en la misma. Esta semana, miembros de la Cámara de Diputados y organizaciones de derechos humanos advirtieron que, si se mantiene el ritmo de gasto de 15 millones de pesos anuales para atenderla, el Estado Mexicano podría tardar hasta 15 años en indemnizar a las 275 víctimas. 

Y, como ya mencioné, esas son sólo las desapariciones acreditadas por la CNDH en la 26/2001. Ese es el compromiso que nuestro país tiene hoy con las víctimas de la violencia maquinada y ejercida desde el mismo Estado. Ni hablar de los procesos penales para hacer justicia contra los victimarios. Bastará con decir que las víctimas sobrevivientes y los familiares de las fallecidas o desaparecidas pagan con sus impuestos la pensión presidencial de Luis Echeverría Álvarez.

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