Este jueves se llevó a cabo en Washington D.C. la audiencia testimonial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de doce mujeres víctimas de violaciones a derechos humanos durante los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. Bárbara Italia Méndez, una de las víctimas, describió su desgarradora experiencia en la que fue ultrajada y violada por elementos policías. A detalle, describió el sufrimiento vivido: desde los hechos de violencia, hasta la actitud de quienes le brindaron una fallida atención médica y, por supuesto, la posterior denegación de justicia. Los representantes de México, por su parte, no sólo no contradijeron el testimonio de Bárbara Italia, sino que reconocieron que existieron violaciones a derechos humanos y aseguraron “solidarizarse con su dolor”. Hace aproximadamente un año, Peña Nieto aseguraba en la Universidad Iberoamericana que no hubo violaciones a derechos humanos. Hoy, su gobierno, ante la posibilidad de que la Comisión Interamericana envíe el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirma que sí las hubo, ofreciendo la posibilidad de una solución amistosa.
Sin embargo, Bárbara Italia, en nombre de las otras once víctimas, anunció que no estaban interesadas en una solución amistosa, debido a que éste ha sido el mecanismo con el que el gobierno mexicano, desde el sexenio pasado, garantiza que ningún caso llegue a la Corte Interamericana. Para que exista una solución amistosa en un caso ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos debe haber voluntad de las partes, cosa que hoy hay en esta ocasión.
En este sentido, Peña Nieto podría convertirse en el primer presidente que afronte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso ocurrido durante un gobierno suyo y en el cual se le acusa de tener responsabilidad. No es cosa menor. Como pudo verse en la audiencia, los representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México casi no hicieron referencia a los hechos del caso y, cuando lo hicieron, fue para recalcar que las violaciones cometidas por policías fueron a título propio y no por “instrucciones superiores”. Así, a pesar de ofrecer apoyo médico y psicológico, el seguimiento de los procesos penales contra posibles responsables e, incluso, el reconocimiento de responsabilidad estatal y una disculpa pública, las víctimas le dijeron “no” a la solución amistosa ofrecida por el gobierno. Si la Comisión Interamericana emite informe de fondo y las recomendaciones en el mismo no son cumplidas, el Caso Atenco sería expuesto internacionalmente – más de lo que ya está – al ser llevado a un tribunal internacional de derechos humanos.
Sin embargo, Bárbara Italia, en nombre de las otras once víctimas, anunció que no estaban interesadas en una solución amistosa, debido a que éste ha sido el mecanismo con el que el gobierno mexicano, desde el sexenio pasado, garantiza que ningún caso llegue a la Corte Interamericana. Para que exista una solución amistosa en un caso ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos debe haber voluntad de las partes, cosa que hoy hay en esta ocasión.
En este sentido, Peña Nieto podría convertirse en el primer presidente que afronte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso ocurrido durante un gobierno suyo y en el cual se le acusa de tener responsabilidad. No es cosa menor. Como pudo verse en la audiencia, los representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México casi no hicieron referencia a los hechos del caso y, cuando lo hicieron, fue para recalcar que las violaciones cometidas por policías fueron a título propio y no por “instrucciones superiores”. Así, a pesar de ofrecer apoyo médico y psicológico, el seguimiento de los procesos penales contra posibles responsables e, incluso, el reconocimiento de responsabilidad estatal y una disculpa pública, las víctimas le dijeron “no” a la solución amistosa ofrecida por el gobierno. Si la Comisión Interamericana emite informe de fondo y las recomendaciones en el mismo no son cumplidas, el Caso Atenco sería expuesto internacionalmente – más de lo que ya está – al ser llevado a un tribunal internacional de derechos humanos.
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