LOS PODERES Y LA PROTESTA PÚBLICA

Más allá de los tres poderes reconocidos de forma consensuada por la teoría – ejecutivo, legislativo y judicial – existen otros poderes que rigen aquella abstracción política (pero sobre todo social) que es el Estado. Retomando un poco la microfísica del poder de Michael Foucault, no debiéramos conceptualizar un único poder desde el gobierno. La realidad social se compone también de las relaciones de poder entre individuos e instituciones de diverso escalafón: escuelas, universidades, hospitales, familias y otros tantos etcéteras. En este sentido, el poder no significa únicamente dominar, sino producir relaciones. Sin embargo, las relaciones que produce el poder desde los niveles más elementales de la sociedad generan, a su vez, reacciones que revierten o modifican las relaciones de poder entre el individuo y el Estado. 

Pensemos, por ejemplo, en las protestas que ocurren actualmente en Brasil. Si bien a primera vista pudiera parecernos una crisis producida única y exclusivamente desde el vínculo gobierno – gobernado, su significancia trasciende los presupuestos políticos y jurídicos. El manifestante (independientemente de su ideología y pretensiones) lo es no únicamente por las probables decisiones desatinadas de la élite gobernante, sino por las relaciones de poder a niveles capilares. ¿Por qué no todos los brasileños que utilizan el transporte público participan en las marchas? ¿Por qué no todos reaccionan de la misma manera? La familia, la escuela, el trabajo y demás escenarios cotidianos son, precisamente, un primer estadio del proceso de manifestación pública. El individuo entiende y asume la realidad a partir de cómo esa realidad es traducida desde las relaciones de poder elementales. La escuela y la familia, en concreto, construyen el primer diálogo social del individuo a partir de lo que nos indican que debe ser entendido como correcto o no. ¿Podemos quejarnos? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se desenvuelve el concepto de lo que uno debe o no hacer ante determinadas coyunturas sociales cuando éste es diferente a lo que las instituciones educativas, la familia, los amigos y la sociedad nos dicen? 

Aquellos que toman las calles para exigir al gobierno no están únicamente ahí en contra del gobierno, sino que están ahí porque previamente las relaciones de poder en red en las que se encuentran inmersos les han hecho llegar a esa determinación por el diálogo y confrontación, generando una efervescencia que logra masificarse, organizarse y replantearse contra una determinación del gobierno. Se marcha, también, en respuesta a las opiniones divergentes que el individuo ha encontrado en los otros que lo rodean. Y no me refiero a una divergencia basada en el rencor o una ruptura, necesariamente, sino la producción de una relación dinámica colectiva y con implicaciones políticas sostenida de relaciones previas a niveles inferiores. Así sucede en cualquier país: la resistencia no sólo se llevan a las calles sino a la mesa familiar, a la oficina o a los encuentros sociales. Las antípodas en las que se encuentran los que defienden un movimiento y los que criminalizan la protesta social son síntoma de algo más elemental.

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¿POR QUÉ EL ESTADO DEBE SER LAICO?

Hace unos días, la Alcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes “entregó” las llaves de la ciudad a Jesucristo. En un acto simbólico organizado por la Alianza de Pastores, la edil regiomontana abrió las puertas del municipio a Dios “como la máxima autoridad” y a Jesucristo “para que su reino de paz y bendición sea establecido”, entre otros tantos detalles que justifican que la noticia lo sea. Hay video del acto en internet, para variar. Para un creyente pudiera no ser difícil entender qué motivó a Arellanes o al público que aplaudía y gritaba alabanzas. En cambio, por parte de un deísta sin religión, un ateo, un agnóstico o incluso un creyente a favor del Estado laico, indudablemente habrá un rechazo. ¿Por qué necesitamos que el Estado sea laico? No quisiera ser simplista ante un tema insaciable que merece demasiadas consideraciones, pero trataré de aprovechar este breve espacio para al menos trazar un bosquejo inicial de respuesta. En el lector queda nutrirla y compartirla. 

La humanidad ha dedicado gran parte de su historia a realizarse cuestionamientos acerca de sí misma. La religión es una de las respuestas o uno de los medios para hallar algunas respuestas. O quizá para plantearse más dudas, que no es lo mismo pero es igual. Sin embargo, el intento de imponer a los demás una religión, una ideología o cualquier otro tipo de respuesta aparente que uno ha adoptado como verdad, no puede ser entendido sino como una agresión. No quiere decir que no exista detrás una buena intención, pero mal dirigida puede transformarse en eso: una agresión. Un Estado laico impide respuestas preconcebidas para los aspectos más fundamentales del individuo que deben ser tratados por éste desde su individualidad, valga la redundancia. Claro, lo anterior se complica cuando lo individual posee una significancia pública. No podemos ser cínicos o ingenuos (según sea el caso) y asegurar que todo funcionario público puede divorciarse de forma absoluta de sus creencias personales. ¿Tiene Arellanes derecho a manifestar sus creencias religiosas? Efectivamente; pero la Alcalde de Monterrey no. Es inadmisible que se haga uso de una función pública para la imposición colectiva de respuestas provenientes desde la individualidad; aun cuando esa respuesta individual no pueda ser entendida sin una trascendencia colectiva, como es el caso de una religión. El cargo de Arellanes es mantenido por judíos, espiritistas, ateos, agnósticos y quién sabe cuántos más etcéteras que componen la diversidad de Monterrey. Respetar, proteger y asumir esa diversidad es una forma de garantizar la paz social. 

Así sea bajo una presumible buena intención mal dirigida, todo lo que es a la fuerza representa un grado de agresión. Quizá Arellanes ha olvidado la parte del Evangelio en la que Jesucristo afirma "dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Como creyente que es, quizá debiera poner un poco más en práctica esa máxima.

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EL “DERECHO” AL CLASISMO

Hay noticias que no deberían serlo. Al menos no tanto. Sucede que muchas veces la atención pública se concentra en asuntos superfluos y de relevancia secundaria. La llamada “Lady de La Reforma” es un ejemplo claro. Eso sí, casos como la destrucción de San Antonio Ebulá en Campeche y el desplazamiento forzoso de sus pobladores son desconocidos por el grueso de la población (por cierto, este agosto se cumplen tres años de lo sucedido). Sin embargo, el caso del famoso video de Luz María Beristain (“Lady Senadora”, según las redes sociales) me parece que es digno de algunos comentarios. 

Desconozco si la senadora perredista tenía razón en sus quejas. No sólo es un aspecto que le corresponde determinar a la PROFECO, sino que no es de mi interés. Lo que sí es de interés es la prepotencia con la cual se dirigió a una empleada de la aerolínea. Más más alarmante que sus argumentos (ilógicos según lo que leí, según lo que entendí), es que agreda a empleados que únicamente cumplían con la normativa a la que están sujetos. Sin emabrgo, la actitud prepotente de Beristain no es algo insólito en una sociedad clasista como la nuestra. No es poco común que algunas personas confundan el derecho del consumidor a quejarse de un alegado mal servicio a una supuesta facultad para actuar con prepotencia hacia los empleados. Seguramente no nos parecerán ajenos casos de clientes haciendo referencia a su educación, empleo o posición social para demostrar que da igual lo que puedan decirle los empleados: ellos poseen la razón aunque no la tengan. 

Recordemos que, normalmente, los que tienen trato constante y directo con los clientes son los trabajadores que se encuentran en la escala jerárquica más baja y con los menores salarios, cuyas tareas se limitan a seguir las indicaciones de sus supervisores, así sean lógicas o ilógicas, puedan parecernos o no. Ellos son los que no pocas veces son calificados como “nacos”, “indios”, “chacas” o cualquier otro adjetivo clasista que los clientes prepotentes quieran darles. “Por naco no entiende” o “ese muerto de hambre que no hace bien su trabajo” son ejemplos de lugares comunes. Y poco tiene que ver si el empleado tiene o no la culpa: el clasismo es despreciable e injustificado siempre. 

Así que, si tanto escandaliza el video de la senadora Beristain, reflexionemos si no estamos a su mismo nivel al interactuar con empleados de cualquier establecimiento. Aunque a ningún medio le interese, aunque nadie nos grabe para subirlo a internet, igual de vulgares y agresivos seríamos si fuera. Se puede exigir sin atropellar a los demás.

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MONUMENTOS A LA COCA-COLA

Desde hace unos días, cerca de veintiún estatuas de la Coca-Cola desafinan una de las principales avenidas del Fraccionamiento Las Américas en Mérida. Los vecinos y la sociedad en general no se han dado el lujo del silencio y han proliferado las manifestaciones de disgusto por estos “monumentos” a la trasnacional refresquera. Claro, la información ha corrido principalmente a través de las redes sociales, ya que escasamente ha sido abordada por los medios de comunicación locales. 

El origen de estas incomodas efigies fue un concurso organizado por el Grupo Bepensa (encargado de la producción de la Coca-Cola en el Sureste Mexicano). La convocatoria estuvo dirigida a jóvenes preparatorianos y universitarios con la finalidad de “promover la protección del medio ambiente”. Los diseños de botellas ganadores serían exhibidos en este espacio público. Y así fue. 

Hay que aclarar que se tratan de estructuras de concreto fijadas al camellón de la avenida y no fácilmente removibles después de un determinado tiempo de exhibición. Son verdaderos “monumentos” cuya instalación justificó la tala y retiro de árboles para que sean más visibles. Están pensados para perdurar y servir de publicidad constante. 

Mucho podríamos preguntarnos sobre cómo pudo permitirse que un espacio público sea aprovechado por un particular con evidentes fines publicitarios y perpetuar la omnipresencia de la marca. Podríamos cuestionarnos cómo ninguna autoridad del Ayuntamiento de Mérida advirtió que se trataba de un espacio público a través del cual cualquier construcción iconográfica erige, a su vez, nuestra consciencia comunitaria. Podríamos, sí; pero el caso no deja de ser tan sólo un síntoma de una transgresión mucho más sistemática y generalizada en nuestra vida diaria. La privatización de facto del espacio público por esa compañía fue realizada porque, efectivamente, ésta es consciente de que puede hacerlo porque las condiciones sociales y políticas la facultan para ello. El poder público, limitado a ser un simple observador de las acciones de los particulares que se encuentran en las mejores posibilidades de incidir según sus intereses, ha impregnado la lógica de que si una empresa puede hacer algo, esto debe ser permitido en respeto a su capital y desarrollo comercial. Hablar de espacios comunitarios y del derecho a decidir sobre el uso de los espacios públicos de forma inclusiva es considerado por muchos una confesión de “comunismo” intolerable que viene a “amenazar” a una de las empresas más poderosas en el mundo. 

Confío en que la petición firmada por ciudadanas y ciudadanos que será presentada el 27 de mayo a la Dirección de Desarrollo Urbano de la ciudad impulsará al Ayuntamiento a hacer lo propio. Sería un gran reconocimiento de que los espacios públicos no están sujetos a la privatización. El camellón no es un espectacular o cartel auspiciado por un particular.

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ENTRE VIDELA Y ECHEVERRÍA

Murió Jorge Rafael Videla. Y murió donde debía: en la cárcel. No es que pretenda celebrar la noticia. Me parece inconcebible que alguien salte de júbilo ante la muerte de otro ser humano, así sea Muamar Gaddafi, Osama Bin Laden o Margaret Thatcher. Me parecieron indignantes los himnos de victoria por las calles que, en su momento, generaron aquellos decesos. No pretendo hacer una excepción con el hombre que dejó en Argentina treinta mil desaparecidos y sustrajo a cientos de bebés de sus familias. No celebro su muerte por muchas que hayan sido las que él cometió. Lo que sí celebro es que no se haya ido impune. 

A diferencia del famoso “Españoles, Franco ha muerto”, la muerte de quien dirigiera una de las dictaduras más sanguinarias en América Latina no sepultó la posibilidad de su enjuiciamiento, el cual, por supuesto, no se dio tampoco de la manera deseada. Como Usted sabrá, fue sentenciado en 1983 y liberado cinco años después por el entonces presidente Carlos Menem. De 1998 a 2008 estuvo bajo arresto domiciliario, para luego pasar a una prisión común donde esperaría una sentencia por delitos de lesa humanidad (2010) y otra por secuestro y sustracción de identidad de menores (2012). Con profundos bemoles y de forma tardía, pero no quedó impune. No sucedió así con Hugo Banzer, con Pinochet, con Aparicio Méndez o Emilio Médici. La condena de Videla fue no sólo un triunfo para sus víctimas, sino para toda la Argentina. Qué mensaje más alentador que el demostrar que en un país - a pesar de la profunda corrupción que lo impregna – la impunidad no es absoluta y que es posible enjuiciar y encarcelar a un tirano. 

Mientras tanto, en México, Luis Echeverría Álvarez sigue libre y disfrutando de la impunidad judicial. Gustavo Díaz Ordaz murió en libertad y con su nombre en miles de calles, escuelas, colonias y demás sitios públicos, como si se tratase de un héroe. De la justicia histórica no han logrado salvarse del todo, pero los familiares de los más de dos mil desaparecidos en la Guerra Sucia durante los 60’s y 70’s no han tenido ni siquiera la atención mínima por parte de las autoridades. Peor aún: el tema ha quedado en el olvido y ha sido eclipsado por el no menos importante de la violencia del crimen organizado. ¿Qué esperanza de verdad, justicia y reparación pueden tener las víctimas del narcotráfico y sus familiares si vivimos en un país donde las madres de los muertos y desaparecidos de Tlatelolco o del Halconazo han sido ignoradas? ¿Qué justicia podemos esperar si represores como Díaz Ordaz, Acosta Chaparro o Nazar Haro han muerto sin sentencia que los condene penal e históricamente? No sé Usted, pero creo que una sentencia contra Luis Echeverría sería una dosis de esperanza enorme para este hermoso país.

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¿DISCRIMINACIÓN A LA INVERSA?

Hace no mucho encontré en internet un comic que me encantó. En el primer cuadro aparece un niño afrodescendiente esposado a una bola de hierro. Un niño blanco aparece y comienza a subirse sobre los hombros del niño esclavo para poder llegar a un balcón que supera en altura a los dos personajes. “Es por tu propio bien”, dice el niño blanco, quien en los cuadros siguientes se monta sobre el niño esclavo, le pisa el rostro y lo aplasta, hasta que finalmente logra su objetivo de alcanzar el balcón para poder apoyar las manos y subir. Desde el balcón, el niño blanco le dice al afrodescendiente “Discúlpame por haber sido racista antes; ahora te conozco mejor”. Aliviado al oír las disculpas, el niño afrodescendiente, ahora sin esposas que lo esclavicen, le responde “Bueno, dame una mano para subir ¿podrías?”. Sin embargo, el niño blanco le contesta “¡Por supuesto que no! Eso sería racismo a la inversa. Mira, si yo llegué aquí por mí mismo ¿por qué tú no podrías?” 

Ese pequeño comic de apenas seis recuadros me pareció una forma brillante de ilustrar las dos posturas que normalmente surgen en distintas sociedades ante el debate sobre los grupos históricamente discriminados. En Sudáfrica, por ejemplo, la caída del Apartheid y la victoria de Nelson Mandela no fueron suficientes para corregir las profundas desigualdades que prevalecían de manera sistemática a nivel político y social. Los sudafricanos de color contaban formalmente con la posibilidad de acceder a las universidades, pero al ser una población excluida durante décadas que únicamente pudo acceder a escolaridad básica y de menor calidad que la de los blancos, el aparente acceso era ilusorio y no tenía una repercusión real en sus vidas. La decisión de incluir cuotas de estudiantes negros en las universidades ocasionó el grito al aire de los sectores más conservadores de la población blanca. El discurso de la discriminación a la inversa fue (y sigue siendo) utilizado como bandera contra esa y otras políticas de inclusión. 

No es lo mismo trato distinto que discriminación. Un hombre de dos metros de alto no puede acusar de discriminación a la inversa que alguien le proporcione flotadores a otro hombre de un metro con veinte centímetros de alto cuando el nivel del agua en la que ambos se encuentran llega al metro y medio. Las políticas de inclusión social pueden ser percibidas como “molestas” o “incómodas” para ciertos grupos, pero son indispensables para reparar un problema histórico y sistemático que impide que determinado grupo ejerza libremente sus derechos. Claro, debe existir un examen de proporcionalidad sobre las medidas adoptadas y tener en cuenta una gran cantidad de aspectos que sería imposible abordarlos en este breve espacio. Por el momento lo dejo con la idea del comic que le comentaba. ¿Qué grupos en México se encuentran en una situación parecida?

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FEDERALISMO Y CONSTITUCIONALISMO LOCAL

Un verdadero sistema federal va más allá de la facultad que poseen los estados para legislar en determinadas materias. Si bien es un aspecto de suma importancia, no creo que el análisis respecto al federalismo mexicano deba centrarse en él, como suele hacerse. Personalmente, como fiel defensor del sistema federal – siendo el decimocuarto país más grande del mundo, el decimoprimer más poblado y el segundo con mayor diversidad étnica no me imagino otra forma de organización – creo que los jueces son piezas fundamentales en el ejercicio de la autonomía de cada entidad. Precisamente, la figura del Juez local es a la que menos atención se le ha dado en esta temática. 

Pero para revalorizar el papel del Juez local como agente activo de federalismo debe revalorizarse el papel que juega la Constitución Política del Estado. La Constitución Estatal y su interpretación judicial son las bases para que Yucatán defina autónomamente su camino en el reconocimiento, protección y justiciabilidad de los derechos humanos, siempre que se marque una ruta más garantista que la delimitada en el orden federal. Quién mejor que los jueces y magistrados de nuestro Estado para adoptar esta tarea tan urgente. 

Como habrá sido de su conocimiento, desde el año 2011 el Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene la facultad de erigirse como Tribunal Constitucional en determinados casos. Asimismo, fue emitida la Ley de Justicia Constitucional para el Estado de Yucatán. Ambos fueron logros muy loables, pero también insuficientes. En primer lugar, por la endogamia judicial que produce el hecho de que el Tribunal Constitucional esté compuesto por los mismos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, observación que podría hacer extensiva para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mi opinión, debería crearse un Tribunal Constitucional independiente del Poder Judicial del Estado, constituido por ministros ajenos al Tribunal Superior de Justicia. En segundo lugar, la Ley de Justicia Constitucional no proporciona mecanismos verdaderamente democráticos: de los cuatro mecanismos previstos en la justicia constitucional local, sólo en uno (acción por omisión legislativa) los ciudadanos estamos facultados para ejercerlo de forma directa. Debemos considerar la posibilidad de que los derechos humanos puedan ser justiciables a nivel local por una vía accesible a la población y que sean los ministros de ese hipotético Tribunal Constitucional los que definan el alcance de los mismos, atendiendo a las necesidades político-socio-culturales de nuestro Estado. 

¿Propongo un activismo judicial en el Estado? Totalmente. Esa es una de las formas de ejercer un federalismo con enfoque de derechos.

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