Los derechos humanos son los límites que se interponen entre la fuerza del Estado y el individuo con el fin de salvaguardar la integridad de éste. Respetar, garantizar y proteger estos derechos son obligaciones independientes a la acción punitiva del Estado en contra de quienes cometen delitos.
Si bien no ha faltado quien afirme que los derechos humanos permiten la impunidad del procesado en detrimento de los derechos de las víctimas del delito, no podemos pasar de vista que gran parte de los países con menor índice de impunidad y con sistemas de justicia eficaces son normalmente los mejores calificados internacionalmente en materia de derechos humanos durante los procesos penales. No es imposible, entonces, garantizar los derechos humanos y evitar la impunidad. Garantizar los derechos humanos únicamente determina la salvaguarda de la persona humana, no el resultado final del proceso.
Los mexicanos no estamos acostumbrados a un sistema penal que respete los derechos humanos. El concepto de un “presunto culpable” erigió en nuestra sociedad el prejuicio de que todo aquel que se encuentre sujeto a un proceso penal es per se un criminal que no merece la más mínima consideración. La realidad es otra. Respetar los derechos humanos del individuo durante el proceso no es concederle privilegios o prerrogativas de impunidad, sino otorgarle a él y a la sociedad las medidas básicas para que el Estado no se convierta en un victimario más: derecho a defenderse por sí mismo o asistido por un abogado, a no declarar en su contra, a no ser torturado, a no ser detenido sin orden judicial previa, entre otros. No veo en qué forma cumplir con estas obligaciones impida que una persona sea sentenciada de forma justa por los crímenes que haya cometido. Lo contrario sería decir que nuestras autoridades son incapaces de realizar una investigación sin generar un daño a la población, cosa que no creo.
Permitir que en un caso se vulneren estos derechos es aceptar que se repita en el futuro. El hecho de que, en ciertos casos, esta vulneración por parte de las autoridades genere que los sospechosos sean liberados, no es culpa de los derechos humanos, sino de la falta de exigencia hacia las autoridades para que realicen un trabajo conforme a derecho. Garantizar o no los derechos humanos no debiera ser, entonces, materia de discusión.
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